25 junio, 2007

Acallando la Verdad

Hay dos formas de censura: la censura ordenada directamente por el gobierno, y la censura auto-impuesta con el fin de agradar a la camarilla ideológica ligada al mandatario en turno que esté gobernando al país. Ambas censuras son funestas porque ambas buscan imponer una falsa realidad. Ambas censuras son condenables porque con la imposición de esa falsa realidad se está tratando de ejercer una manipulación sobre la población, controlando su forma de pensar al censurarle la información que se le está proporcionando.

Mucho de lo que está consignado en Los Blogs de Spectator está perfectamente documentado, y está expuesto ante el mundo entero para poder ser revisado y cotejado a cualquier hora del día y en cualquier momento con las fuentes originales. Si en algo hubiera tergiversado o mentido Spectator, desde hace mucho tiempo que sus detractores lo habrían torpedeado inmisericordemente sobre ello. Pero si los materiales de Spectator son indiscutiblemente ciertos, entonces... ¿por qué razón nunca sale nada de ello en las televisoras mexicanas?

¿No lo imagina el lector?

De cualquier modo, aunque en las televisoras mexicanas casi nunca se menciona nada sobre este tema de enorme relevancia para la vida política del país por tratarse de quienes están ejerciendo los mandos del poder en estos momentos, ello no significa que no esté sucediendo, como tampoco significa que el tema no sea de enorme interés para otros medios audiovisuales de comunicación. Como ejemplo de ello, tenemos un documental de dos partes elaborado por el programa En Contexto de la empresa Telemundo 52, conducido por el prestigiado periodista Rubén Luengas y radiado desde la ciudad de Los Angeles en el mes de septiembre del 2006 recién consumada la virtual imposición de Felipe Calderón como Presidente electo de México. A continuación podemos ver la grabación de la primera parte del documental:




y la grabación de la segunda parte que fue transmitida al siguiente día:




Aquí lo verdaderamente vergonzoso es el hecho de que para poder obtener esta información vital por la vía audiovisual sea necesario tener que recurrir a una cadena de televisión radicada en el extranjero, Telemundo, para poder obtener las noticias que los grandes consorcios mediáticos como TELEVISA ocultan pese a que estaban obligados a proporcionarla a cambio de la monopólica concesión de las bandas del espectro electromagnético que les ha sido dada por el pueblo de México, concesión que les ha permitido enriquecerse -injustamente- a manos llenas. La información de cualquier modo está siendo diseminada, pese a ellos, pese a sus burdas maniobras desinformadoras, sobre todo a través de Internet, pero la realidad de esta terrible censura sobre las noticias que son dadas en México confirma que a los conductores de los noticieros de cadenas monopólicas como TELEVISA no hay que creerles ni siquiera la mitad de lo que dicen, y menos cuando están sirviendo de tapadera a los intereses con los cuales han formado casi gangsteriles alianzas. ¿Realmente cree un conductor de noticieros nocturnos como Joaquín López-Dóriga que es más importante para el pueblo de México saber que hubo un asalto bancario a una sucursal del Banco HSBC en la Calzada de Tlalpan, que el conocer los nexos que en su momento tuvo el Secretario de Gobernación Carlos Abascal con la editora que imprime los libros ultraderechistas neo-Nazis de Salvador Borrego? ¿Realmente cree que nadie en México se dá cuenta de que medios envilecidos como TELEVISA están tratando de fabricar una realidad alterna, una ficción, una ilusión, ocultando deliberadamente la terrible realidad? ¿Realmente pensará que puede tomar a todos los mexicanos como unos idiotas?

El control gubernamental de los medios masivos de comunicación siempre ha sido un arma predilecta de las dictaduras para afianzarse en el poder, creando con ello paraísos artificiales en los cuales las “malas noticias” no tienen cabida. En la era de la dictadura ejercida por el autócrata Stalin, los afiliados a la causa de la derecha y de la ultraderecha alrededor del mundo, incluídos los de México, gustaban de señalar cómo el Estado soviético lograba mantener al pueblo permanentemente desinformado a través de un control total de los medios. Este control era llevado a cabo de dos maneras: la primera, ejerciendo una censura terrible en la que no era permitido que se diese a conocer noticia alguna que pusiera en entredicho las “bondades” del régimen soviético; y la segunda, inventando una realidad alterna y maravillosa como si fuese un cuento de hadas a ser creído en base a la repetición constante a través de todos los medios de comunicación. Esta era la forma en la cual se lograba mantener al pueblo en un estado de perpetua docilidad, logrando que muchos ciudadanos soviéticos realmente se la creyeran.

Pero cuando le llegó su turno a la extrema derecha en México de avanzar posiciones enquistándose en las altas esferas del poder, resulta que en su afán por apuntalar su causa terminaron haciendo... ¡exactamente lo mismo que tanto le criticaban a los comunistas y a los priistas de antaño! Terminaron degenerando mañosamente duplicando las mismas tácticas de desinformación oficial que en otros tiempos tanto le criticaban no sólo a los comunistas sino inclusive a los regímenes emanados del PRI. Ejemplos sobran. Empezaremos con el primero, documentado el siguiente artículo aparecido el 15 de octubre del 2006 en el número 1563 de la revista PROCESO:

¿Regreso a la censura?
Ernesto Villanueva

El 5 de octubre pasado, la agencia de noticias Apro informó que los programas Medidas de resistencia civil y Convención Nacional Democrática, elaborador por el PRD, habían sido censurados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta información, empero, ha sido poco difundida por los medios y menos aún analizada (sólo Marco Levario, el director de la revista Etcétera, se ocupó inteligentemente del tema en su espacio periodístico habitual del diario Crónica). Y es que el asunto no es menor ni accesorio. Por el contrario, representa un insólito caso de afectación de la libertad de propaganda y de expresión, que no se había registrado en el México contemporáneo y que no debería ser ignorado por salud pública. Veamos por qué.

Primero. Los partidos políticos nacionales tienen, entre sus prerrogativas, la del acceso a la radio y televisión en forma permanente desde la reforma política de 1977, y ahora regulado por el título tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En particular, el artículo 41, inciso a) del Cofipe dispone que: “Son prerrogativas de los partidos políticos: a) Tener acceso en forma permanente a la radio y la televisión en los términos de los artículos 42 al 47 de este Código.” En armonía con esta disposición, el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación señala en el artículo 25, fracción XXV, que dentro de las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) se encuentra la de “colaborar con la Comisión de Radiodifusión para transmitir los programas de los partidos políticos por radio y televisión, según lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sus disposiciones reglamentarias y demás normas aplicables”. Lo anterior significa que la norma especial (el Cofipe) prima sobre la norma general (Ley Federal de Radio y Televisión y demás normas relacionadas) en virtud de que el acceso de los partidos es competencia del Instituto Federal Electoral (IFE), no de RTC de Gobernación. Incluso, por si fuera poco, el ámbito electoral tiene su propio orden contencioso, en el cual conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que pone de relieve la especialización del tema. Así, RTC hace sólo las veces de facilitador, sin atribuciones para prejuzgar sobre los contenidos de los programas de los partidos políticos.

Segundo. Una de las conquistas históricas de México es la prohibición de la censura previa, como lo establece el artículo séptimo constitucional, que en forma clara indica que: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura”. No hay excepción, habida cuenta que la norma no deja lugar a dudas. De esta suerte, RTC no tiene competencia para ejercer censura de ningún tipo, salvo que, como sucedió en este caso, incurra en una violación flagrante a una disposición constitucional. Al ejercer la censura previa prohibida por la Constitución, RTC no tiene medida de su partidismo. Véase si no el razonamiento del señor Eduardo Garzón, titular de la mencionada RTC: “La elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta fecha ya fue declarada válida por resolución inatacable de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el bando solemne por el que se dio a conocer que, de conformidad con el cómputo final de la elección, el candidato que obtuvo el mayor número de votos fue el C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por lo que el contenido del programa permanente del Partido del Trabajo es, a todas luces, contrario al orden público”. De la misma manera, al calificar ilegalmente el programa Convención Nacional Democrática, Garzón indica que se “lesionan derechos de terceros, atentan contra el orden y el interés público y denostan (sic) a las instituciones y convicciones democráticas”. Al respecto, habría que decir, suponiendo sin conceder, que si se reunieran los elementos para que el programa del PRD vulnerara otros derechos tutelados por la ley, los afectados podrían en todo momento hacer valer lo que a su derecho conviniera ante las instancias administrativas y/o judiciales. En todo caso, esto es posterior, nunca anterior a la difusión de los programas de referencia.

Tercero. La resolución de Eduardo Garzón, titular de RTC, pone de relieve varias cosas: a) Es una decisión nula por no estar fundada y motivada conforme a la Constitución y las leyes. Es claro que carece de la competencia para poder emitir una resolución de esta naturaleza; b) El propio Garzón incurre en responsabilidad conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, habida cuenta que realizó actos que la ley no sólo no le autoriza expresamente, sino que le prohíbe taxativamente; y c) Muestra la fragilidad del estado de derecho en perjuicio no sólo de un partido político, sino de la sociedad toda, al tratar de evitar que sean difundidas informaciones e ideas que a un servidor público le son incómodas, contrarias y/o irritantes, sin que en ese propósito la ley sirva como muro de contención para evitar el abuso del poder. De la misma forma, es sugerente que el IFE haya permanecido en un discreto silencio frente a estos hechos que no deberían repetirse. Para que no quepa duda de que hay un compromiso para honrar la ley, el señor Garzón debe ser sancionado conforme a derecho. Dejar pasar actos que vulneran derechos fundamentales sería tanto como abrir la puerta para la regresión y la involución democrática.

Tres meses después, la agencia noticiosa APRO le daba el siguiente seguimiento a lo que acabamos de leer:

La Censura Calderonista
Jenaro Villamil
Agencia APRO
9 de enero del 2007

Primero Felipe Calderón le prohibió explícitamente a las televisoras que suspendieran las “parodias” a la institución presidencial; después, mandó mensajes a conductores y empresarios radiofónicos como José Gutiérrez Vivó para que se “portara bien”, al tiempo que el acoso judicial en contra de la cabeza de la empresa Monitor y el boicot publicitario a “medios incómodos” se ha agravado en menos de un mes.

Ahora, la censura calderonista se dirige explícitamente contra su némesis: el excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a ser noticia a partir de la emisión de su programa televisivo “La verdad sea dicha”.

Ni aun pagando el espacio a una televisora como TV Azteca, de muy dudosa reputación como un medio polémico que gusta de utilizar la pantalla para litigar sus intereses particulares, el equipo de López Obrador pudo burlar la censura.

Informes del equipo de producción de “La verdad sea dicha” confirmaron que el programa, transmitido a la 1 de la mañana de hoy, no fue transmitido en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, ni en Monterrey ni en el estado de Tabasco, y sólo se transmitió parcialmente en Puebla, a pesar de que fue contratado como una transmisión nacional. La televisora atribuyó este hecho a “posibles problemas técnicos”, la misma justificación que ha utilizado Televisa y su subsidiaria Sky para mantener fuera de la televisión satelital desde hace más de dos meses los noticiarios radiofónicos de W Radio, en especial, el conducido por Carmen Aristegui, sin duda, la periodista con mayor credibilidad en el cuadrante.

Los extraños “problemas técnicos” de TV Azteca con el programa, que costará 11 millones de pesos en un año, coinciden con la reciente orden de la Secretaría de Gobernación para censurar previamente el programa correspondiente a la toma de posesión de López Obrador como “presidente legítimo”, el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con Eduardo Garzón, nuevo director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), éste programa no se ajustó a lo estipulado en los artículos 36 y 41 del Cofipe. El señor Garzón se olvidó que la transmisión de éste programa corresponde a las prerrogativas que, por ley, tienen los partidos políticos. Curiosamente, el IFE también argumentó primero “fallas técnicas” para justificar la ausencia de la transmisión del programa el día que le correspondía al IFE.

Por supuesto, el equipo de Felipe Calderón se lava las manos y, desde la Secretaría de Gobernación, rechazan que se trate de censura. Simplemente, es una cuestión de “normatividad y legalidad”, el mismo argumento que, durante décadas, los regímenes priistas utilizaron para condicionar a los concesionarios y para cerrarle el espacio a quienes resultaran incómodos.

Eso sí, al mismo tiempo, la Presidencia de la República ha anunciado que dispondrá de 701 mil 815 horas de “tiempos oficiales” en radio y televisión para que escuchemos los mensajes navideños, los de año nuevo, quizá los del 14 de febrero y hasta los del carnaval, del gobierno federal, y también para que el teleauditorio se entere de que existe “un nuevo presidente” desde el 1 de diciembre de 2006.

Este exceso promocional puede constituir la forma menos elegante de autoparodiar a la presidencia de la República, que se convertirá, ahora en tiempos de Calderón, en un spot permanente.

Estos excesos de promoción mediática del calderonismo contrastan con el celo y la práctica autoritaria que busca cerrarle espacios a López Obrador, aun si para eso tienen que inventar “problemas técnicos”, utilizar los litigios judiciales para amedrentar a conductores radiofónicos que tuvieron la osadía de darle cobertura al excandidato de la izquierda o, simplemente, porque en lugar de noticiarios y medios impresos que defiendan el elemental derecho a la información, ahora buscan imponer el principio de la uniformidad informativa que es la peor forma de censura.

Esta censura debe ser contrastada con la propaganda oficial que habla sobre una gran apertura a los canales de información como nunca antes se había dado en la historia de México. Dejaremos que nos diga algo más sobre esto el destacado articulista Miguel Angel Granados Chapa en su columna Plaza Pública en un artículo titulado “Spots, mentiras y video” que apareció el 21 de noviembre del 2006 en varios medios:

Los contenidos de la propaganda son de corte estalinista, puro fomento al culto de la personalidad. Fox aparece como el demiurgo, causa de todos los abundantes bienes que se derraman sobre el país. A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social nació en el mismo año que Fox, la propaganda lo presenta casi como su fundador, el autor de la buena salud de sus derechohabientes.

Hay un spot en el que se incurre francamente en la mentira. Una hija pregunta a su padre si podemos obtener información sobre uso de recursos públicos y el satisfecho padre foxista asegura que sí, pues para ello Fox promovió la transparencia iniciando la ley que rige en la materia (afirmación que figura en todos los balances del sexenio, incluído el que con autoregodeo suscribió el propio Fox la semana pasada).

Nada más apartado de la realidad. La ley de acceso a la información pública surgió de una iniciativa ciudadana que adquirió dinamismo en 2001, cuando se hizo evidente que el gobierno no tenía intención de promoverla y cuando, llevado a rastras a hacerlo, propuso normas muy por debajo de niveles ya fijados por una opinión pública que fue sensible a los trabajos del grupo Oaxaca.

A partir de un seminario sobre derecho a la información y reforma democrática, celebrado en mayo de 2001 en aquella ciudad, convocado por instituciones académicas, medios y asociaciones de editores y periodistas, se establecieron principios que deberían fundar la ley que los participantes en el seminario esperaban que surgiera del gobierno. Cuando se advirtió que había desinterés y aún pasmo en la todavía flamante administración, el ya para entonces denominado grupo Oaxaca decidió preparar un anteproyecto, que finalmente hicieron suyo diputados de todos los partidos representados en la Cámara, excepto el PAN.

La ley fue aprobada en San Lázaro el 24 de abril de 2002 y en el Senado seis días después. El Presidente actuó errática y lentamente al comenzar su aplicación y ha sido reticente cuando se le ha reclamado información. Por ello resulta grotesco que en su costosa propaganda se ufane de lo que no ha hecho.

Pero esto que sucedió en la Ciudad de México no está limitado a la capital del país. Es algo que está ocurriendo también en otras ciudades y estados de México en donde el nuevo PAN infiltrado por gente siniestra al servicio de la extrema derecha mexicana está sentando sus reales. Tomemos por ejemplo el caso de Aguascalientes, del cual podemos leer lo siguiente publicado en la revista Siempre! número 2807 publicada el primero de abril del 2007, en un artículo de Irma Ortiz titulado “Sale del aire el programa radiofónico Comentando la noticia: En Aguascalientes se gobierna con un cacicazgo brutal”:

En la ciudad de Aguascalientes fue sacado del aire el programa radiofónico Comentando la noticia, de Rodolfo Franco —uno de los de mayor audiencia en la entidad—, que se caracterizó por dar voz no sólo a los personajes públicos, sino a la ciudadanía, y que se convirtió en una piedra en el zapato del gobernador panista Armando Reynoso Femat, al cuestionar la falta de transparencia en el quehacer gubernamental y los posibles nexos con el narcotráfico.

El hecho provocó que en la Cámara de Diputados, los partidos PRI, PRD y PT expresaran su rechazo a la cancelación del programa y se den garantías para la integridad del conductor y su productora. (Comentario: Los acólitos del PAN, al pleno servicio de la ultraderecha enquistada dentro de ellos, simplemente callaron ante éste atropello a la libertad de prensa y la libertad de expresión.)

Siempre! habló con Rodolfo Franco.

Irma Ortiz.- ¿Qué dio pie a la cancelación del programa?

Rodolfo Franco.- El 22 de marzo se publica en la ciudad de México en el diario El Centro, una nota donde se involucra al suegro del gobernador y al secretario de Seguridad Pública con el narco. Al día siguiente leemos la portada del diario que decía “Aguascalientes, narco, futbol y familia”, y enlazamos a uno de los dos reporteros que hicieron la investigación. El programa se transmitía por la estación radio XEBI, de lunes a sábado, y el mismo viernes por la tarde se comunica uno de los directivos y me dice que el programa está cancelado y que ya no puede salir al aire, sin más explicaciones.

El sábado 24 recibo una comunicación telefónica de una persona que dice que no se puede identificar, por razones de seguridad, pero que trabaja en el gobierno y sabe que de ahí se pusieron en contacto con los directivos de la empresa para pedir que el programa fuera sacado del aire.

En el programa revisábamos notas nacionales, locales, y ponderábamos la más importante; se armaba un panel para analizarla con invitados, enlazando personajes de los distintos ámbitos y dando la voz a todos los que se querían comunicar para opinar. La tarea gubernamental es pródiga en información y más en Aguascalientes, donde existe un clima de enfrentamiento entre los grupos del PAN.

Siempre atendimos estas notas y existía una molestia gubernamental por la dinámica del programa, a grado tal que desde hace un año el gobernador solicitó a los directores de la empresa nos sacaran del aire, e incluso los castigaron, sin darles la publicidad que normalmente se les entregaba.

Los señores Rivas soportaron la presión durante algún tiempo y en enero se intensificó la presión, a grado tal que el director general me dijo: “cuídate mucho; temo por tu seguridad, porque el gobernador está empeñado en meterte a la cárcel o en hacerte algún daño”.

En esos días recibí una amenaza de muerte, iba en mi automóvil, cuando me cierra el paso otro vehículo y me gritan que si sigo hablando me van a desaparecer. Acudo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos e interpongo una queja, que finalmente determinó que no existía nada. Evidentemente, las autoridades negaron ser los autores de la amenaza y todo quedó ahí. Producto del estrés y la presión sufrí un derrame cerebral, después me sometí a una intervención quirúrgica y todo ha devenido en un bombardeo permanente hasta que nos sacan del aire.

No satisfechos, utilizan a un periódico de la localidad para ensuciarnos; incluso, en la televisora del gobierno sacan una nota y el conductor Luis Antonio Salazar nos califica de vivales, gatilleros y gángsters, tanto a Rodolfo Franco como a mi productora, Mary Martínez. Dijo que nos habían despedido porque éramos amigos del ex gobernador Felipe González y que tengo procesos pendientes por fraude. En el periódico hacen lo mismo, reproducen una serie de descalificaciones y ahora no tenemos un micrófono para defendernos.

Sin embargo, el fondo del asunto no fue tocado: nos sacaron del aire y a los autores de la nota ni siquiera les piden una nota aclaratoria. Lo importante es saber si hay o no vinculación de la familia con el narco. Pedimos a los funcionarios que fueran al programa, pues debían una explicación a la sociedad de qué sucede en Aguascalientes, máxime que en febrero pasado hubo una matanza; asesinaron a 4 policías unos gatilleros, luego aparece una persona enlonada y narcofosas.

Nosotros sólo nos abocamos a la lectura de una nota y por eso me descalifican y ahora pretenden hacer de esto una posibilidad incluso de llevarnos a la cárcel bajo cualquier argumento, puesto que tienen el control de la Procuraduría y de los medios. Hay que reconocer que aquí, José Luis Morales, de Infolínea, nos dio micrófonos para exponer nuestros puntos de vista. Es el único medio que nos ha otorgado espacio y los demás no han señalado absolutamente nada.

En la ciudad de México algunos medios nos han atendido como Siempre!, La Jornada, ABC Radio, pero en Aguascalientes se vive una situación de retroceso y cacicazgo brutal.

Periodistas cooptados

Irma Ortiz.- ¿Usted ya había comentado sobre otras anomalías en el gobierno?

Rodolfo Franco.- Interceptamos un documento y exhibimos un video donde se veía el uso de los recursos gubernamentales para otorgar favores a los militantes del PAN, de cara a la elección de los candidatos a diputados y presidentes municipales, que se realizará a partir del 15 de abril. Realizaban trabajo usando recursos públicos; a la persona que se ve en el video, constatamos que trabaja en el gobierno y cuando lo presentamos, el señor se comunica con nosotros, ratifica lo exhibido y huye de Aguascalientes. Se va a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y sale de la ciudad por temor, porque lo amenazaron.

También está el asunto del helicóptero, adquirido a un costo de 27 millones de pesos para la seguridad del estado, que se cayó el 8 de agosto en las inmediaciones de la presa de San José de Gracia y le dimos seguimiento porque, desde el 8 de agosto al día de hoy, no ha sido pagado por la aseguradora.

Irma Ortiz.- ¿Cómo ha sido el manejo del gobernador Reynoso con los medios de comunicación?

Rodolfo Franco.- Están cooptados. La jefa de Comunicación Social, Carolina Rincón Silva, lo único que ha hecho es apropiarse de expedientes de los periodistas y filtra información. Como dicen, nadie está libre de nada, al menos tenemos pecados veniales, pero la señora lo utiliza como que si tal comunicador que se fue a tomar la copa, si andaba con una muchacha o si tiene algún atorón económico.

Todo lo exhibe y así ha ido comprando y cooptando algunos medios o reporteros, opera de una manera muy sucia, cuando lo que debían de llevar a la mesa de discusión, de debate, es que si hay algún problema, como el endeudamiento de 2 mil millones de pesos. Exhibimos que el crédito no había sido otorgado cuando ellos publican que ya había sido dado y descalifican, pero lo hacen por el lado sucio.

Hay gente preocupada por lo que está sucediendo, uno de ellos es Héctor Hugo Olivares, su padre fue un gobernador muy querido, supo manejar la política y aunque hemos tenido muchos gobernadores más, ni en la época de mayor autoritarismo como la de Otto Granados, sucedió algo así en Aguascalientes.

No es posible que un gobernador atemorice a grado tal a los directivos de la empresa que éstos deciden mejor sacar al comunicador antes que tener más problemas. Esto, sin dar explicaciones satisfactorias porque el programa tiene un público amplio, éramos líder en el horario, estaba muy por encima en los niveles de audiencia de muchos noticiarios de radio, de televisión y de cualquier periódico. El éxito fue darle voz a la ciudadanía que no tenían manera de expresarse y eso fue lo que molestó, porque el programa funcionaba como un termómetro social.

González nunca llegó a estrangular

Irma Ortiz.- ¿Con Felipe González también se dio esa represión?

Rodolfo Franco.- Tuvimos diferencias por lo mismo y en el último año de gobierno, el señor tomó el teléfono y me dijo: “¿qué trae en contra de mí?”. Le contesté que absolutamente nada, que mi trabajo era informar y formar opinión hacia la ciudadanía y el trabajo de él era gobernar, y lo entendió. A partir de ese momento se manejó con gran respeto hacia nuestra labor y esto de que nos acusan de ser gatilleros de González, lo rechazo contundentemente, porque si alguien lo combatió en sus errores gubernamentales fuimos nosotros, y prueba son los programas grabados y las publicaciones en los diferentes medios donde me daban voz cuando hacía esos señalamientos. Nunca hubo una amenaza, un veto, incluso llegaba a reducir los niveles de publicidad, pero nunca a estrangular.

Sobre esta agresión a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, El Observador Diario publicó la siguiente nota:

América Multimedios Agencia de Noticias
28 de marzo de 2007
México, Distrito Federal

Los grupos parlamentarios del PRD, PRI y PT (¡el PAN no quiso tener parte alguna en esto!) presentarán en la sesión del próximo jueves (29 de marzo del 2007) un punto de acuerdo en donde, dijeron, condenarán la agresión que presuntamente el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y su administración cometen contra la democracia y la libertad de expresión periodística en la entidad. Informó lo anterior la diputada Beatriz Pagés Llergo (PRI),quien agregó, que el gobierno estatal tomó la decisión de cancelar el programa “Comentando la Noticia”, que se transmitía por la estación Radio BI, del consorcio Radio Grupo de Aguascalientes, y conducido por el periodista Rodolfo Franco. En conferencia de prensa, los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PT, Emilio Gamboa Patrón, Javier González Garza y Ricardo García Cantú, respectivamente, coincidieron en que la libertad de expresión es un derecho que no se debe coartar, por lo que desde el Legislativo se defenderá. Los coordinadores señalaron que en el punto de acuerdo, que harán llegar a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, pedirán que se realice una investigación a fin de que dictamine si procede una demanda ante la PGR y contra quién. Expresarán su rechazo a la persecución realizada por el Gobernador en contra del programa radiofónico por constituir violaciones graves a los derechos de libertad de expresión y de información. Pagés Llergo, quien leyó el comunicado a nombre de las fracciones parlamentarias, dijo que no dejarán pasar hechos como éste, porque muestran un presente autoritario que pretende retrotraer las conquistas de libertad de expresión. Agregó que pedirán garantías para la integridad de los periodistas y productores del programa, así como el restablecimiento de las bases mínimas de expresión democrática en la entidad. Añadió que la agresión que constituye un atentado a las garantías constitucionales, a los derechos humanos y a la libertad de expresión, se dá diecinueve días después que la Cámara de Senadores aprobó una reforma penal para que los periodistas dejen de ser acusados o amenazados por lo que informan. Por su parte, Gamboa Patrón, dijo que esta Legislatura va a defender con todo la libertad de expresión y a los periodistas contra quien quiera callarlos. Señaló que si el periodista Rodolfo Franco presenta demanda ante la Procuraduría General de la República tendrá el apoyo de los legisladores. En tanto, González Garza, señaló que el punto de acuerdo tiene como propósito hacer la defensa de los medios de información y que Aguascalientes tenga la posibilidad de contar con programas de análisis noticioso.

La agresión condujo a un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados condenando la censura informativa que se estaba llevando a cabo, aunque considerando que esta censura no tiene fuerza “legal” sino es más bien una especie de “desaprobación moral” -un regaño, por así decirlo- que ciertamente no provocará susto alguno entre la gente fanática de la ultraderecha, como tampoco el objeto de la condena es un fenómeno aislado sino algo que está creciendo por todo México como la manifestación de un fenómeno generalizado que podemos ver en toda su brutalidad con solo sintonizar cualquiera de los noticieros nocturnos de TELEVISA, acciones vanas como este punto de acuerdo se antojan más como un anhelo de buenos deseos y esperanzas a la expectativa de que alguien por ahí -bastante sordo por cierto- alcance a escuchar.

A nadie extrañe pues que la extrema derecha mexicana esté metiendo su mano negra por aquí y por allá esforzándose por meter estas prácticas manipuladoras de la opinión pública. Después de todo, también los ídolos máximos de la ultraderecha mexicana como Hitler, Mussolini y Franco lo han hecho. Y han aprendido bien la lección que ahora quieren llevar a la práctica.

Los medios televisivos y radiofónicos en México no son los únicos lugares en donde hay serios disgustos y serias fracturas internas motivadas por lo que podríamos llamar “diferencias de opinión” en el manejo de las noticias y en su enfoque editorial. Como ejemplo de ello, mencionaremos que a mes y medio después de la ascensión de Felipe Calderón a la silla presidencial, el 17 de enero del 2007 el periodista de origen chileno Pablo Hiriart Le Bert:





, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2005, quien en varias ocasiones se jugó el pellejo enfrentando a la muerte por su objetividad periodística, fué relevado de su cargo como director general del periódico La Crónica, un periódico que pese a su reconocida tendencia conservadora había logrado mantener alguna neutralidad e imparcialidad abriendo sus espacios a otras voces gracias precisamente a la integridad de su director, el cual fué reemplazado por un más dócil Guillermo Ortega Ruiz. Aunque Pablo Hiriart había logrado enfrentar y sobrevivir a la sofocante omnipresencia del entonces hegemónico partido oficial, el PRI, al igual que otros periodistas y otros medios no estaba preparado para enfrentar los nuevos tiempos en los que algunos ilusos creían que el afianzamiento de la mancuerna Yunque-PAN en el poder por otros seis años traería por fin a México una nueva época de libre flujo de información con el fin definitivo de cualquier tipo de censura. Pablo Hiriart no salió solo de La Crónica. En señal de protesta, el 24 de enero del 2006 el conocido editorialista Marco Levario Turcott:





renunció definitivamente a su asociación con La Crónica en protesta por la salida intempestiva del notable periodista y director que levantó a dicho medio, escribiendo lo siguiente en la exposición de los motivos de su renuncia:

Varios de mis desencuentros con el periódico se debieron a que noté un trato condescendiente con algunos actores políticos, como con Elba Esther Gordillo, y al mismo tiempo implacables con otros, sobra citar casos.

Renuncio a Crónica como suelo hacerlo de los medios en los que lo he hecho: con un portazo (y sólo a ese diario he tocado la puerta para regresar). Lo hago para expresar mi desacuerdo con la forma en la que sale su director.

No me apantallan las buenas maneras ni la aparente civilidad de lo que, en realidad, es una forma desastrosa de deshacerse de una línea editorial sólida y exitosa -Pablo hizo al periódico con muy pocos insumos-. Creo que no me engaña la forma en como salió el director, le dieron las gracias anteponiéndole intereses no ideas, sin discutir una línea editorial alternativa y eso, para mí, es inaceptable. Lo dije la semana pasada, estamos asistiendo al triunfo de los cínicos: nunca creí tener un ejemplo tan cerca.

Admiro la actitud gallarda con la que sale del periódico Pablo Hiriart con quien no he hablado nada de esto; crece mi respeto por él y salgo con él, pero más allá de esa definición personal, me voy por una definición profesional: un periodista no puede ni debe ser cercenado así.

De un tiempo a la fecha mis artículos se difunden en otros medios, en Durango, Colima, Jalisco y Oaxaca. Pretendo continuar escribiendo para ellos y, claro, escucho otras ofertas para hacerlo en el Distrito Federal. Advierto que sé bien que los medios son empresas y, como tales, hacen negocio; también comprendo que son actores políticos de primer orden. No hay fundamentalismo en la actitud de este articulista. Sólo creo que cuando estos parámetros se colocan por encima del periodismo, a la credibilidad se la lleva la chingada. Y ahí sí, no voy, al menos no por mi voluntad.

Como corolario a la cadena de renuncias que hubo en La Crónica al implementarse una nueva línea editorial tras el ascenso de Felipe Calderón al poder, podemos mencionar que en la Ciudad de México es un secreto a voces que la profesora Elba Esther Gordillo ha estado cultivando una relación estrecha con los dueños de La Crónica, la familia Kahwagi de origen libanés, a uno de cuyos miembros -el cómico, boxeador y dirigente partidista Jorge Kahwagi- la “maestra” Gordillo inclusive lo invitó para dirigir los destinos del partido Nueva Alianza, ese mismo partido prohijado por esta funesta mujer para llevar a la derrota al Partido Revolucionario Institucional en el que ella aún militaba antes de ser expulsada en forma muy tardía por sus actos de traición, todo ello con el fin de garantizarle su triunfo a Felipe Calderón afianzando a la derecha pro-Yunquista en el poder por seis años adicionales. La sola presencia de un ente tan perverso y desprovisto de cualquier sentimiento de lealtad como Elba Esther Gordillo en el asunto de La Crónica debería haber sido motivo más que suficiente para que los trabajadores en dicho medio hubieran puesto a sus dueños en alerta máxima sobre las verdaderas intenciones de la “maestra” y la naturaleza de los verdaderos intereses a los cuales sirve ahora. Pero no lo hicieron, y ahora ya es un poco tarde para ello.

Además de la presión ejercida directamente sobre los propietarios de los medios de comunicación para que se cierre algún programa o alguna columna editorial que esté causando demasiadas molestias exponiendo demasiadas verdades incomodando a demasiada gente muy importante, existe otra vía indirecta que no requiere contacto alguno con los propietarios de los medios de comunicación. Esta consiste en “visitar” a los patrocinadores comerciales, aquellas empresas que contratan publicidad haciendo posible que los programas incómodos puedan llegar a un amplio auditorio. Para ejercer esta medida de presión, basta con enviar unos cuantos agentes de la Secretaría de Gobernación o, mejor aún, unos auditores de la Secretaría de Hacienda, para advertirle a los patrocinadores sobre lo incómodo que puede resultarle a sus negocios el no tener buenas relaciones con el gobierno federal hoy en manos del Partido Acción Nacional y la ultraderecha. Como nadie desea ser atosigado con una auditoría fiscal tras otra, todas ellas durísimas, con las cuales se le pueden imponer sanciones durísimas a cualquier empresa bajo cualquier pretexto o inclusive se puede estar cerrando constantemente a la empresa ocasionándole pérdidas cuantiosas que la pueden llevar a la quiebra -una aplicación directa de eso que llamamos terrorismo fiscal-, ¿habrá quién realmente se niegue a cooperar, quien se resista a tener “buenas relaciones” con el gobierno que hoy manda en México? Esto parece haber sido el caso del popular programa de radio Monitor, el cual cometió el gravísimo error de abrirle su espacio en el 2006 al candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador permitiéndole además a la oposición ventilar públicamente aquellas verdades que incomodan mucho al panismo en el poder. Sobre este asunto, tenemos el siguiente artículo:

El Cierre de Monitor y el Síndrome de Poncio Pilatos
Jenaro Villamil
Agengia APRO
3 de julio del 2007

“Se nos murió Monitor, estamos tristes... Que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho”. Con estas palabras, el periodista José Gutiérrez Vivó remató a las 10:00 de la mañana del 29 de junio un total de 41 mil 100 emisiones de su programa radiofónico con 33 años de historia y se convirtió así en el primer medio de comunicación que desaparece en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Un día después, Calderón Hinojosa, ante la insistencia de los reporteros, negó que su gobierno estuviera involucrado en el cierre de Monitor. Incluso, dijo que había hecho todo lo posible para que se resolviera el litigio que mantiene con el Grupo Radio Centro.

Sin embargo, no expresó ningún compromiso con su administración por apoyar con publicidad o, mínimo, en alguno de los espacios de la radio pública, para que continuara el programa de Gutiérrez Vivó. Simplemente, trató de librarse del golpe.

A la indignación de miles de radioescuchas que seguían con fidelidad a Monitor y a la desazón de los trabajadores de los medios de comunicación que ven en esta situación un signo ominoso de los “tiempos calderonistas”, se suma la conjura del silencio de las dos televisoras más importantes (Televisa y TV Azteca) en torno a este hecho. La indignación que mostraron por el acto arbitrario con que Hugo Chávez acabo con Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, no se tradujo en un mínimo gesto de solidaridad y de condena a uno de los espacios radiofónicos más emblemáticos en las últimas tres décadas en México.

No pocas voces susurraron que Gutiérrez Vivó se lo tenía merecido por “haberse vuelto lopezobradorista”, como si adoptar una posición editorial fuera razón suficiente para justificar boicots publicitarios y para que la justicia mexicana pasara por alto el laudo de la Corte Internacional de Comercio con sede en París que claramente le dio la razón al empresario y periodista de Inforred en su litigio contra Grupo Radio Centro. Cuando los prejuicios pueden más que los principios, estamos realmente en un clima de silenciamiento sumamente preocupante. Y esto es una herencia directa del foxismo.

Desde meses antes, Gutiérrez Vivó había acusado al gobierno de Vicente Fox de haber ordenado una campaña de boicot publicitario en contra de Monitor y extendió su acusación en contra de los responsables de comunicación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El 6 de diciembre de 2006, al recibir el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas, el director general de Grupo Monitor relató que recibió un mensaje de Max Cortázar, jefe de Comunicación Social de Felipe Calderón, quien le advirtió: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información bien, si no, también.”

En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó reiteró que las presiones para sacarlo de la frecuencia 102.5 de FM, para evitar que Grupo Radio Centro le pagara poco más de 21 millones de dólares fue producto de un acto de censura del gobierno de Fox.

“¿Cómo se le hace para sacar del aire a alguien? ¿Cómo se le hace para no pagarle una indemnización que se le pagaría hasta el más humilde? Se hace con el favor del poder. Entonces, creo que está muy claro que Vicente Fox, y lo digo con toda conciencia, es un antidemócrata que es capaz de acallar medios de comunicación con hechos concretos. Y nosotros somos un hecho concreto”, afirmó Gutiérrez Vivó.

También acusó la existencia de “agujeros negros” en el circuito de la justicia mexicana que le han permitido al Grupo Radio Centro evitar pagarle los 21 millones de dólares ordenados en el laudo de la Cámara Internacional de Comercio de París.

Seis meses después, en su última emisión en las frecuencias 1320 y 1520 de AM, informó que se veía obligado a culminar con su noticiario radiofónico y con sus transmisiones televisivas en el canal 52, de Multivisión, porque “la publicidad no llega y no llega porque hay indicaciones de que no llegue. Es un boicot económico”.

Apenas unas horas antes de que Gutiérrez Vivó anunciara que así culminaban 33 años de un noticiario que marcó un estilo en la radio mexicana, el presidente Felipe Calderón presumía que en su gobierno existe libertad de expresión (!!!!!), pero que se debe lograr “un balance entre libertad de expresión y responsabilidad, un balance de independencia, de libertad y de apertura”.

Flanqueado por los concesionarios de Televisa, TV Azteca y Multivisión, Calderón presumió durante la entrega del premio “Principios” a los mejores contenidos de radio y televisión que en el país se había reducido “el clima de crispación y rencor que fue sembrado e inoculado en un segmento de la población”.

Sin embargo, hasta el viernes 29 de junio la oficina de Comunicación Social de la Presidencia no había emitido ninguna reacción ante el cierre de Monitor, pionero en las mesas de análisis político y en el concepto de la “red vial”. Fue un día después que Calderón reaccionó con la estrategia de Poncio Pilatos. Se lavó las manos y evadió la responsabilidad de apoyar a un espacio informativo plural que representa fuentes de empleo para muchos profesionales de la radio.

Un comunicado enviado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) advirtió que “el cierre del espacio radiofónico es un triunfo para los grandes grupos políticos y económicos, que acaparan las frecuencias radiofónicas atendiendo sus intereses, haciendo a un lado el fin primordial de un medio de comunicación que es informar objetiva e imparcialmente con respeto del derecho constitucional de libre expresión”.

“Caro pagó Gutiérrez Vivó el desafío a la ‘pareja presidencial’, que vinculaba a la estación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que intentó acallar a la radioemisora, violentando desde el poder el derecho a informar y ser informado”, subrayó el Cencos.

En la mayoría de los espacios radiofónicos matutinos y vespertinos de todo el país se expresaron muestras de solidaridad y de preocupación por el cierre de Monitor, pero la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el organismo cúpula de los concesionarios no había emitido ninguna reacción.

-¿Qué tanto influye en la situación de Monitor la recomposición de los grupos mediáticos a partir de la convergencia tecnológica y de la Ley Televisa? -se le preguntó a Gutiérrez Vivó en el Club de Periodistas en diciembre pasado.

-Eso es muy importante. Recordemos que parte del convenio era eliminar a los medios incómodos para ellos, no para la sociedad, y entonces, para hacerlo, creo que si uno revisa la ley, sólo tendrán acceso en momentos por venir un grupo que tendrá el capital y los contactos, y también la docilidad necesaria para servir a un solo hombre y no servir a los 105 millones de mexicanos, para servir a ese hombre como se sirve a un amigo.

Sobre su relación con Felipe Calderón, Gutiérrez Vivó recordó en ese entonces que durante el último día de campaña, el entonces candidato presidencial del PAN pidió asistir a Monitor. Antes de entrar a la cabina, con un café en la mano, Calderón le dijo: “estoy aquí contrario a lo que mis asesores me dijeron”.

“¿Por qué?, le pregunté. ‘Porque me dijeron que no viniera. Pero como sé quiénes son ustedes y los escucho desde los once años, aquí estoy’, respondió.”

Para Gutiérrez Vivó estaba muy claro lo que sucedía y advirtió que Calderón aún estaba a tiempo de que "lo conviertan en rehén de interés de no se quién o de quiénes porque ni siquiera llegamos en Monitor a la categoría de enemigos del presidente de la República".

Por lo visto, estos intereses pueden aún más que la voluntad y la aspiración de sostener un clima de libertad de expresión.

Es un signo ominoso el cierre de Monitor, pero más preocupante es la conjura del silencio que hace invisible lo que en otras partes del mundo es señalado como un pésimo expediente para el derecho a la información.

Por su parte, en un editorial suyo titulado “Monitor: Venganza de Calderón” publicado en la revista Siempre! en su edición número 2823 correspondiente al 22 de julio del 2007, el articulista Alvaro Cepeda Neri destaca lo siguiente en relación con el cierre de Monitor:

Para la nación y el Estado mismo, el gobierno presidencial calderonista anuncia, weberianamente, “una noche de una dureza y una oscuridad heladas”. Cuando menos contra la mayoría que integran el dramático empobrecimiento del pueblo. Y contra los medios de comunicación que se atrevan a ejercer la libertad de expresión y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.

Desechada la alternancia, Calderón y los calderonistas del ala izquierda de El Yunque, han echado por la borda al PAN de Gómez Morín y sus fundadores, para inspirarse en el falangismo del partido Popular de Aznar y sus células nazi-fascistas. Mouriño, Cortázar y Nava (con Germán Martínez) ya formularon la “doctrina” para pisotear esas libertades y gobernar sin obstáculos en la opinión pública. Empezando con la barbarie de cumplir su venganza contra Gutiérrez Vivó y Monitor, que los conecta con lo más perverso del foxismo. Acabaron con el periodismo radiofónico que, durante 33 años, contribuyó a modernizar la comunicación masiva con innovaciones ahora ya de uso común.

Monitor apuntaló la veracidad en la información y oxigenó los espacios para analizar y criticar a los protagonistas de la vida pública, respecto a su ineficacia e ineficiencia en relación al postulado constitucional de gobernar en beneficio del pueblo. Intolerantes, Fox y Calderón montaron en cólera cuando Monitor abrió sus micrófonos a la oposición de centro-izquierda (que no fue ni legal ni legítimamente derrotada en las urnas). Y ya en el poder presidencial, Calderón y los suyos decidieron ahorcar a Monitor, como ejercicio de la prensa libre, rematando las represalias iniciadas desde los rebuznos de Fox.

La salida del aire de Monitor obedece a la venganza de Calderón que no le perdonó, en soberbia de reyecito absoluto, que haya ejercido las libertades cons-ti-tu-cio-na-les para darle voz a sus adversarios. A los que los calderonistas han visto como enemigos. “Vamos a ver cómo se portan”, escupió el vocero Maximiliano Cortázar a dúo con Mouriño.

No hay duda que los Foxes, en complicidad con los tribunales y la Suprema Corte, al pasar por encima del laudo arbitral internacional, se coludieron para hundir al noticiero, porque les molestó la libertad de expresión. Y el calderonismo le metió la puntilla, completando la venganza de la intolerancia de quienes abusan del poder para violar los derechos de los mexicanos. Consumada la arbitrariedad, Calderón lamentó el final de Monitor a quien Fox le puso la soga al cuello y él la jaló.

Lamentablemente, México está viviendo tiempos nuevos de algo que rápidamente se está convirtiendo en un absolutismo de Estado sin parangón en la historia de Latinoamérica. Y todo esto se lo debemos en buena medida a la extrema derecha, la misma extrema derecha que ha venido siendo denunciada desde el día en que apareció publicado en Internet el primer blog de Spectator.

Spectator debe agregar aquí que ni siquiera en los tiempos más duros de la represión ejercida por los regímenes del hegemónico Partido Revolucionario Institucional se llevó a cabo acción alguna para provocar el cierre del extraordinariamente popular programa radiofónico Monitor. Era necesario que la extrema derecha mexicana tuviera la oportunidad de ascender al poder para que tal cosa ocurriera. Era necesario que el mismo PAN -que en otros tiempos como simple oposición demandaba ferozmente espacios abiertos en los medios de comunicación- saboreara las mieles del poder para descubrir el deleite y las conveniencias de implementar mordaza y censura con el fin de ejercer una nueva era de autoritarismo.

Cabe agregar que la presión ejercida por medios invisibles en contra de empresas privadas que actúen como patrocinadoras de programas radiofónicos y televisivos que invocando el derecho constitucional a la libre expresión digan “cosas de más” no está limitada a este tipo de empresas. Cualquier otra empresa mexicana está a merced de este tipo de presión. Esto es precisamente lo que parece haberle sucedido al banco HSBC en donde la agrupación “Honestidad Valiente A.C.” tenía abierta una cuenta bancaria para recibir contribuciones ciudadanas apoyando voluntariamente -y no por la vía de los impuestos- lo que muchos llaman el gobierno legítimo de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Faltando tan sólo diez días para la celebración del primer aniversario del proceso electoral del 2 de julio del 2006 que muchos -incluído el mismo López Obrador- consideran que fue la culminación de un fraude gigantesco con el cual se le despojó a la izquierda del triunfo al cual creía tener pleno derecho, el banco HSBC canceló súbitamente dicha cuenta sin previo aviso. Y no la canceló por falta de fondos. Dicha cuenta tenía un fondo revolvente cercano a los 15 millones de pesos, de modo tal que en simple generación de intereses por la presencia de dicho depósito el banco HSBC estaba haciendo un buen negocio. Simple y sencillamente, la canceló. Quizá cuando la canceló los “hombres de negro” enviados por el gobierno federal no estaban muy lejos, aconsejándole a la empresa HSBC hacer lo “correcto”, porque en México ya no hay de otra.


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POST SCRIPTUM:


A dos años de distancia de que se publicase este trabajo en Internet, Felipe Calderón continuaba aferrado a la tentación de seguir manipulando a su conveniencia los recursos oficiales del erario público con el objeto de “premiar” y “castigar” a los medios de comunicación según su “buen” o “mal” comportamiento, lo que sea necesario para “convencerlos” de ayudarlo a convencer al pueblo de que todo lo hecho por Felipe Calderón está bien hecho:

Calderón ordena matar a revistas críticas
Editorial principal
Revista Siempre! 2944
15 de noviembre del 2009

Lo que era un rumor y una versión periodística más ha sido confirmado: el Presidente de la República ha dado la orden de no comprar espacios de publicidad a los semanarios políticos. Así lo aseguran los directores de comunicación de las diferentes dependencias federales. ¿Razones? ¿Argumentos? Ninguno. Simple y sencillamente es una orden.

La decisión obliga a preguntar: ¿qué le molesta tanto a Felipe Calderón de las revistas políticas? ¿Qué le molesta, en específico, de Siempre!?, una publicación que —a diferencia de otros medios— jamás ha vivido de chantajear a las autoridades. Tampoco del sensacionalismo, la injuria o la manipulación noticiosa. No estamos, ni nos interesa estar, en la lista de quienes reciben chayotes —como los llamó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña—, tampoco en la nómina de alguna oficina de comunicación social. No medramos con el periodismo ni formamos parte de algún cártel del narcotráfico. Siempre! tampoco se ha prestado a ser caja de resonancia de los adversarios del gobierno. Ni de este ni de los anteriores. Tampoco alcantarilla, a través de la cual salgan las “historias negras” de altos funcionarios, filtradas a la prensa por otros funcionarios y por cuya publicación se pagan sumas elevadas. En resumen, señor presidente: no somos ni mercenarios ni hampones del periodismo.

Sin embargo, la política de comunicación social —¿o debemos llamarla la “apolítica”?— seguida durante el sexenio nos dice que estamos equivocados. ¿Para qué tratar de hacer un periodismo responsable y de calidad, cuando en este país y en esta administración sólo se premia a los periodistas corruptos y a los monopolios?

Es fácil y al mismo tiempo complejo entender la “apolítica” de comunicación que hoy domina. Fácil, porque responde a lo que el escritor Jorge Volpi llama el “show del caudillo democrático”, quien concede un gigantesco poder a los medios electrónicos y a uno que otro medio impreso para mantener elevada su popularidad. El resto de los medios no le interesa, sobre todo ese periodismo crítico que pone en duda cada una de sus palabras y declaraciones.

La parte difícil es la que tiene que ver con la congruencia. ¿Cómo hacer coincidir el discurso de un jefe de Estado que se dice demócrata, que habla de cambio, de que el pasado fue represivo y de que el presente es incluyente, que dice ser respetuoso de las libertades, que dice buscar la calidad en todo, que asegura combatir la corrupción, etcétera, etcétera, con decisiones similares a las que se toman en regímenes golpistas?

Decimos que se trata de una “apolítica de la comunicación” porque Calderón jamás ha explicado o definido la relación de su gobierno con los medios de comunicación. Cuando menos, no lo ha hecho públicamente. Lo único visible es una intensa relación comercial con sus favoritos, mas no una relación marcada por la pluralidad y, lo que es más importante, por la promoción de un periodismo comprometido con las grandes causas sociales del país.

Para Calderón, igual que para Ernesto Zedillo y Vicente Fox, no hay punto medio en la relación entre prensa y gobierno. O se le mantiene distante y al margen; o se le compra y hace cómplice. No existe una concepción de Estado con respecto a los medios sino una visión maniquea, puritana de “buenos y malos”, donde es impensable el acercamiento entre las partes, tanto para escuchar las razones del periodista como para que el profesional del medio escuche los planteamientos del funcionario.

Lo que hoy prevalece es la política del divorcio, de los oídos sordos y la aniquilación soterrada de aquellos medios que son considerados adversarios del Presidente de la República. Estamos ante la operación limpieza de revistas políticas y de todos aquellos periódicos, radiodifusoras o concesiones de televisión que no cumplen con lo fundamental: preservar la popularidad presidencial.

Lo demás, no importa. Pretextos, en cambio, hay muchos. La crisis, el recorte presupuestal, el tiraje, el perfil del lector, más todo aquello que pueda inventar un cretino burócrata que llega a creerse más que el mismo Presidente de la República.

La operación limpieza contra semanarios políticos es parte de la crisis, pero no de la económica sino de gobierno. Es el tipo de decisiones que se toman cuando, a mitad de un sexenio, comienzan a cerrarse las puertas y ventanas. Cuando todos comienzan a ser vistos como enemigos y culpables de que “esto no avance”.

En alguna ocasión, Fox dijo que la razón por la cual algunos medios lo criticaban a él y a la “señora Marta” era porque su gobierno no les daba “centavitos”. Centavitos no es lo que busca Siempre!, sino una relación madura medios-gobierno que permita construir para el país mejores escenarios de corresponsabilidad.